El notario Rafael Bescansa ha dado un paso definitivo en su lucha por lograr una protección jurídica para la Semana Santa en España. Para ello ha elaborado un informe que analiza la actual situación jurídica de la Semana Santa, tanto de las cofradías como de sus obligaciones fiscales, la personalidad jurídica, el estado de derecho canónica y hace una petición expresa para su regulación futura. El objetivo, como reza en el citado documento, consiste en “alcanzar una mayor protección del que es un derecho fundamental recogido por la Constitución Española: la libertad religiosa, ideológica y de culto”.
Actualmente, aclara el notario, no existe una ley que regule la Semana Santa como fiesta religiosa del pueblo español. Desde el punto de vista del derecho positivo, “la Semana Santa carece de un concepto, de reglas que exijan a los poderes públicos el deber de protegerla”. Agrega que “tampoco se ha dictado un marco de colaboración entre hermandades y cofradías con las administraciones públicas, ni se han tomado medidas por parte de la Administración General del Estado para fomentar su protección”.
Tras un estudio pormenorizado que se sustente con fuentes documentales de expertos en la materia, Rafael Bescansa concluye reclamando acciones que considera necesarias para establecer un nuevo escenario para la Semana Santa. Entre ellas figuran desde retomar los trabajos que conduzcan a la declaración de esta festividad religiosa como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco hasta la existencia de una regulación fiscal para los prestadores de servicios y la creación de un Consejo Autonómico de Hermandades y Cofradías en Andalucía. También considera conveniente constituir una Fundación específica para la defensa de los fines católicos, piadosos y sociales de las hermandades y cofradías del territorio nacional.
El primero de los retos que establece Rafael Bescansa es la mencionada declaración de la Semana Santa como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Para ello habría que retomar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular durante un pleno del Senado. Dicho expediente, sin embargo, está sin finalizar y sin tramitar. “Es absolutamente imprescindible que así sea, ya que el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes”.
Otra de las medidas con las que concluye el estudio de Bescansa es la necesidad de declarar “por Ley” la Semana Santa como Patrimonio Cultural. Afirma el jurista que la Semana Santa “es cultura del pueblo español, es una tradición popular que existe en la realidad social española y está muy viva como manifestación cultural común de carácter religioso, por lo que no cabe desconocer o desvirtuar la conexión entre la misma y el patrimonio cultural español”. Desde la ley, añade, “se tiene que reforzar y reconocer el carácter de cultura y tradición”.
También, en tercer lugar, indica que debe establecerse una regulación fiscal para las prestaciones de servicios relacionadas con la Semana Santa. En este sentido alude a los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos y, especialmente, sobre asuntos económicos. Todo ello trajo una serie de benéficos y exenciones fiscales que posteriormente en base a supuestos incumplimiento de normas europeas, dejaron de tener efecto. “Es necesaria la revisión y adaptación de determinadas actividades a la realidad social y fiscal actual”, plantea. Entre otras cosas, la declaración de la Semana Santa como cultura “trae como consecuencia que todas aquellas prestaciones de servicios que no estén exentas del IVA, tributen al tipo reducido del 10 por ciento”.
También propone la formación de órganos de gobierno autonómicos. Es por ello por lo que considera “imprescindible” la creación de un Consejo Autonómico de hermandades y cofradías de Andalucía. Su funcionamiento debe ser similar al que a día de hoy existe en cada ciudad, estando representado por todos los presidentes de las asociaciones de cofradías de cada localidad y estableciendo la formación de sus miembros y las formas de autogobierno y control. Este consejo se ocuparía de la puesta en común de problemas, aspectos y situaciones presentes y futuras que puedan afectar al devenir de las hermandades y cofradías, la gestión de un fondo común de reserva, el establecimiento de relaciones institucionales con los distintos órganos autonómicos y la puesta a disposición de las hermandades de asesoramiento jurídico.
En el capítulo jurídico, el informe del notario Rafael Bescansa apunta a la creación de un comité de asesoría jurídica. A su juicio, la defensa de los intereses comunes de las hermandades y cofradías tiene que tener un apoyo jurídico en cada uno de los aspectos en que las hermandades necesiten asesoramiento legal. Por ello, “entiendo necesario la creación de un comité de asesoría legal para todas las hermandades que requieran de su intervención, no solo individualmente, sino de manera colectiva”.
En lo que respecta a la constitución de la Fundación Semana Santa, el jurista subraya la “defensa de los fines católicos, piadosos y sociales de las hermandades y cofradías del territorio nacional, así como la defensa de los intereses comunes a través de la gestión de la dotación inicial”. El órgano de control, el Patronato, los patronos, los estatutos, su funcionamiento, así como la delegación y el apoderamiento a las distintas personas físicas o jurídicas sería objeto de debate en los distintos consejos autonómicos y en el Congreso Nacional de Semana Santa.
El último objetivo al que alude Bescansa es la organización de un Congreso Nacional. En su opinión, la situación actual que vive la Semana Santa debe ser objeto de un profundo análisis desde todos los sectores que participan en ella. Por ello, uno de las necesidades es la puesta en común de las inquietudes presentes y de futuro que puedan ser objeto de debate. Pretende un congreso nacional de Semana Santa donde participen, tanto representantes de la Iglesia católica como de las cofradías del territorio nacional, del sector turístico, hostelero, artesanos (como doradores, pintores, escultores, músicos) y demás implicados en el mundo cofrade, abriría las puertas al debate y a las posibles soluciones del mismo.
